¿Por qué Panamá embargó propiedades a Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo?
La Justicia de Panamá ordenó el embargo de los bienes de una empresa que es propiedad de quien es considerado el segundo hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
De acuerdo con el dictamen del juzgado cinco del circuito civil panameño, la orden es contra la empresa Ideal Panamá, S.A., que se encarga de la administración de la central hidroeléctrica Bajo de Mina.
La lista de embargo incluye varios bienes asociados al magnate mexicano: seis fincas en Chiriquí (en el occidente del país), dos en la provincia de Panamá, un apartamento en la capital y la misma central hidroeléctrica.
"Con esta intervención, la represa no será manejada por la empresa Ideal Panamá sino por el administrador judicial nombrado por el juez", le dijo a la agencia AFP uno de los abogados que habían demandado a Ideal, Rogelio Cruz.
Aunque no se conoce una reacción directa del empresario mexicano, la compañía Ideal Panamá emitió un comunicado en que afirmó que la decisión judicial era "ilegal, imprecisa e incompleta".
La historia de Bajo de Mina
¿Pero cómo un juzgado panameño llega a la decisión de embargar a uno de los hombres más ricos del mundo?
La historia comienza en 2006. Ese año, la empresa Hydro Power Corp., propiedad de Julio César Lisac, tenía asignada la concesión de la hidroeléctrica Bajo de Mina, ubicada en el occidente del país del itsmo.
Era una administración potencialmente rentable: la represa tiene una capacidad instalada de 56.8 megavatios y una proyección de negocios mensuales cercanos a los US$3 millones.
Pero ese año, el gobierno del presidente Martín Torrijos decidió retirar la concesión a Lisac y se la entregó a Carlos Slim y su empresa Ideal Panamá.
Según afirmó la parte afectada en ese entonces, nadie le explicó con claridad las razones de semejante decisión. Lisac se sintió saqueado y entonces decidió demandar.
En 2011 la justicia le dio la razón: la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la concesión a Ideal Panamá.
Además, en 2012 el Consejo del Gabinete de Gobierno ordenó el "rescate administrativo del contrato de concesión de la represa Bajo de Mina con Hydro Power".
Todos estos reveses de la empresa de Slim podían tener una explicación: la presión sobre el gobierno panameño por el socio estratégico de Lisac, Transglobal Green Energy, una empresa estadounidense.
Al romper un contrato con una empresa de EE.UU., Panamá podría enfrentar una multa cercana a los US$2.500 millones por violar acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
Transglobal Green Energy había afirmado que no insistiría en esa multa si se le devolvía el control de Bajo de Mina a Lisac.
Sin embargo, a pesar del fallo favorable al empresario panameño, ambos dictamenes fueron apelados por la empresa del mexicano Slim.
No se apega al derecho
Ideal Panamá está dispuesto a dar la pelea. Este martes se conoció un comunicado en el que la empresa rechaza la decisión judicial.
"La referida orden de embargo en contra de bienes de nuestra empresa no se apega a derecho, no cumple con las formalidades necesarias ni señala monto o cuantía del referido embargo, no se encuentra firme, ni resuelve en definitiva el diferendo legal", explicó el comunicado.
Después de hacer una recapitulación del caso, Ideal Panamá insistió en que existen dos apelaciones pendientes de ser resueltas por el Tribunal Superior sobre la decisión del Consejo del Gabinete de Gobierno en 2012, que era favorable a Hydro Power Corp.
La revista Forbes calcula que la fortuna de Carlos Slim tiene un valor de US$72.000 millones, lo cual lo ubica como la segunda persona más rica del mundo después de Bill Gates.
Actualmente, el grupo económico que lidera Carlos Slim tiene además de Ideal Panamá otros negocios importantes en el país, como la constructora Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), que junto a PYCSA Panamá están detrás de la autopista que conecta el aeropuerto internacional de Tocumen con el Canal.
También su empresa bandera en América Latina de telefonía móvil, Claro, tiene una fuerte presencia en el mercado panameño.
Sin embargo, ninguna de estas empresas se vio afectada por la decisión judicial.
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